Los Derechos Humanos de las
Mujeres en México*
Patricia Galeana**
Existe una
tensión permanente entre la “razón de estado” y los derechos humanos. Por ello
desde la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en 1789, se ha
intentado controlar al poder por medio de instrumentos jurídicos que protejan a
la persona humana.
Hasta hoy se han acuñado tres
generaciones de derechos humanos. La primera Declaración de París de 1789,
limitó la “razón de Estado” respecto de la libertad del individuo. La segunda
conminó al estado a proteger los derechos sociales y fue una aportación de la
constitución mexicana de 1917, como respuesta a la revolución que demandó derechos laborales de trabajadores y de
campesinos.
La
Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948, dio
lugar a la tercera generación de derechos humanos que por ser tan vasta y
compleja ha requerido de un centenar de tratados internacionales en la materia,[1]
así como, de la creación de un Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.
También se ha
requerido de la existencia de una Corte Penal Internacional, que para
garantizar su imparcialidad, debiera ser autónoma de cualquier otro organismo
de Naciones Unidas, incluyendo el Consejo de Seguridad. [2]
En la mayoría
de las naciones se ha hecho necesaria la existencia de un Ombudsman autónomo del gobierno, sin vinculación con
partidos políticos, electo por el órgano legislativo para vigilar el respeto a
los derechos[3]
de los miembros de las comunidades nacionales. De igual forma, es deseable, que
cada Ombudsman estatal sea autónomo de los gobiernos
locales para que pueda cumplir con su papel de defensor del pueblo.
Se han
multiplicado las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para
ejercer una mayor presión frente a las autoridades respectivas.
Con el lema “el futuro del mundo será el futuro de sus
mujeres”, la Federación Mexicana de
Universitarias, A. C., parte de la International Federation of University Women, órgano consultivo de Naciones Unidas, se ha
abocado a trabajar en defensa de las mujeres, debido a la sistemática violación
a sus derechos y por el efecto multiplicador que tienen en la sociedad, al ser
no sólo reproductoras de vida, sino de patrones culturales.
El fin último
de los instrumentos y organizaciones nacionales e internacionales de Derechos
Humanos es trabajar por la paz. Entendida no como un intermedio entre las
guerras, ni sólo como ausencia de violencia, sino como la realización de los
valores universales de libertad y equidad, condiciones indispensables para
lograr el bienestar y la felicidad individual y colectiva.
En sus orígenes nuestro país
estuvo a la vanguardia continental en temas fundamentales de Derechos Humanos
de primera generación, como el derecho a la libertad, con la abolición de la
esclavitud (1810) y el derecho a la libertad de creencias con el
establecimiento de la libertad de cultos (1860). Fue el primero en el mundo en
reconocer los derechos sociales de trabajadores del campo y de la ciudad
incorporándolos a su Constitución, conocidos ahora como derechos humanos de
segunda generación.
Pero hemos ido a la zaga en los derechos de las
mujeres, habiendo sido de los últimos seis países de América Latina en
reconocer sus derechos políticos, hasta 1953, después de que Naciones Unidas
recomendara su reconocimiento, en diciembre de 1952. Paso indispensable para un
régimen democrático.
Igual retraso tenemos en los
derechos de las comunidades indígenas. La última reforma constitucional les
reconoce menos derechos, que el Convenio 169 de la OIT, mismo que nuestro país
fue de los primeros en firmar, pero no puso en vigor. Más de media docena de
constituciones de los propios países en la región latinoamericana reconocen a
sus comunidades indígenas más derechos que nosotros.[4]
Los índices
de violencia intrafamiliar se mantienen en un nivel altamente preocupante,
siete de cada 10 familias sufren en la ciudad de México algún tipo de
violencia. No contamos con los refugios que se requieren en todo el país para
mujeres y niños golpeados, indispensables para superar esta patología social,
origen de delincuencia, drogadicción y niños de la calle.
Y sufrimos la
violación más terrible que puede darse de los derechos humanos en una
comunidad, que es la violación y asesinato de cientos de mujeres y otras tantas
desaparecidas en Ciudad Juárez, sin que hasta ahora ni las autoridades
municipales, ni las estatales, ni tampoco las federales hayan detenido
semejante atrocidad. El gobierno de la República, debía haber atraído a su
jurisdicción el caso para detener estos crímenes de lesa humanidad, causa de
duelo nacional, que está por cumplir un decenio de ocurrir en nuestra ciudad
fronteriza.
Fue hasta 1990, cuando se creó la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y en 1993 la del Distrito Federal; que se
inició el trabajo de defensa de los Derechos Humanos en forma institucional en
nuestro país.
En cuanto a
los Derechos Humanos de la población femenina, la Convención sobre la
eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer (CEDAW) fue ratificada por
México en 1981 y ese mismo año, el Comité quedó oficialmente establecido
para vigilar la aplicación de la Convención e informar su cumplimiento cada
cuatro años.
Tanto el
informe como las recomendaciones emitidas del Comité tienen carácter público y
son nutridas con “informes paralelos” de las organizaciones no
gubernamentales.
El pasado 5
de agosto, México presentó ante el Comité de expertos de naciones unidas la
respuesta a los 31 cuestionamientos que se hicieron a su informe oficial. Las
organizaciones de la sociedad civil suscribimos un informe sombra, en el que
quedó de manifiesto nuestra inconformidad por el incumplimiento de la
Convención por nuestras autoridades, a pesar de que existe una institución
nacional para coordinar estos esfuerzos.
Se hizo necesaria la existencia de un Protocolo
Facultativo de la CEDAW al ser insuficientes los
mecanismos internacionales para hacer valer los derechos de la Convención; ya
que no existen procedimientos que induzcan a la reparación del daño. Dicho
Protocolo entró en vigor en octubre de 2000 y fue ratificado por México en
enero de 2002.
La
Organización de Estados Americanos (OEA) por su parte, suscribió la Convención
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer de BELEM DO PARÁ en 1994, misma que fue ratificada por México en 1998. En
dicha Convención se establece el compromiso de informar a la Comisión
Interamericana de Mujeres sobre las medidas adoptadas para prevenir y erradicar
la violencia contra la mujer, así como las medidas que se tomaran para ayudar a
la mujer que ha sido afectada por la violencia; y proporcionar información
sobre los factores que contribuyen a la violencia contra la mujer, para poder
prevenirla.
Los Estados
miembros deben adoptar medidas de difusión para el conocimiento y la
observancia del derecho de las mujeres a una vida sin violencia. Modificar
patrones culturales a través de la educación; capacitar al personal de
administración de justicia; promover la creación de albergues tanto públicos
como privados para dar orientación y refugio a las mujeres afectadas. Se debe
recopilar información estadística para facilitar la investigación para prevenir
la violencia y fomentar la cooperación internacional.
En materia
laboral, la Organización Internacional del Trabajo[5]
cuenta con 177 miembros, ha emitido 184 convenios y 192 recomendaciones. Los
Convenios fundamentales para las mujeres son ocho, de los cuales, solamente
seis han sido ratificados por México. Entre ellos destaca el 100 sobre la
igualdad de remuneración salarial, el 103 sobre la protección a la maternidad y
el 111 sobre la no – discriminación.
Para hacer
realidad los instrumentos internacionales que ha firmado nuestro país en
materia de derechos humanos y que sean parte del derecho positivo mexicano, es
indispensable su conocimiento por autoridades y ciudadanía.
El tema
central del tiempo presente y el gran reto de los tiempos por venir es el
respeto de los derechos humanos. Mantener la paz y la vigencia de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1848, mediante la cooperación
internacional, es la razón de existir de la propia Organización de Naciones
Unidas. Para lograrlo, se ha dedicado el decenio del cambio de siglo, a la
enseñanza de los Derechos Humanos en el mundo.
El reto fundamental es generar una
nueva cultura de respeto a los derechos de todos los miembros de nuestra
comunidad. En este sentido, se requiere llevar a cabo acciones paralelas de
revisión y difusión del marco jurídico; la inclusión del tema de derechos
humanos en los programas educativos en todos los niveles; y campañas de
difusión masiva, a través de los medios de comunicación.
Debemos
promover el conocimiento y aplicación de los instrumentos internacionales que
nuestro país ha firmado entre las
autoridades de los tres poderes, en los diferentes niveles de gobierno; así
como entre la ciudadanía, de manera que puedan exigir su cumplimiento. Tanto de
la Convención para la Eliminación de todo tipo de Discriminación contra las
Mujeres de Naciones Unidas (CEDAW), como de la
Convención para Erradicar la Violencia contra la Mujer, BELEM DO PARÁ de la OEA y los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo.
Aún cuando se ha declarado tema
prioritario el respeto y defensa de los derechos humanos, en la práctica nos
encontramos con un gran desconocimiento de los instrumentos internacionales que
deben ser parte del derecho positivo mexicano entre las autoridades
competentes.
Después de analizar la situación
que guardan los Derechos Humanos de las
Mujeres en México, consideramos prioritarias las siguientes acciones:
Se requiere
que las autoridades competentes, en particular los miembros del poder judicial,
conozcan los Instrumentos Internacionales firmados por México, sobre los
derechos humanos de las mujeres, los acaten y los hagan cumplir.
Es necesario
actualizar nuestra legislación para lograr su correspondencia con los
instrumentos internacionales, para su cabal observancia, como parte del derecho
positivo mexicano.
La población
femenina está sub – representada en el poder
legislativo. La participación de las mujeres en la Cámara de Diputados ha
decrecido y sólo hay 87 diputadas en una Cámara de 500 miembros. Para subsanar
esta omisión se requiere establecer un mínimo de 40% y un máximo de 60% por
ciento de candidatos a cargos de elección popular y en todos los partidos.
Además del
marco jurídico adecuado se requiere incorporar contenidos de derechos humanos y
equidad de género, en los diferentes niveles del sistema educativo, desde
preescolar hasta posgrado. Con objeto de crear una nueva cultura de respeto a
los derechos de todos los miembros de nuestra comunidad. Se debe promover la
capacitación de las autoridades competentes.
Si bien se ha incrementado el
número de niñas y mujeres en sistemas educativos, encontramos que su
permanencia sigue siendo baja. Se sigue privilegiando la educación de los
varones y se incorpora a las mujeres al trabajo con menores estudios, lo que
las coloca en un nivel de desventaja laboral y salarial.
En un estudio
realizado por FEMU, el común denominador de los
mejores promedios que en la UNAM han
recibido las medallas Gabino Barreda, es el mayor nivel de escolaridad de sus
madres. Ello demuestra que la mejor inversión que puede hacer un Estado es la
educación de sus mujeres.
Hay que
superar estereotipos atávicos que limitan la incorporación de las mujeres a
estudios considerados masculinos, como es el caso de las llamadas ciencias
duras.
En materia de difusión, se debe tener como objetivo
una acción interactiva para dar a conocer las medidas que permitan resolver
problemas, pero también dar orientación y estudiar las causas de nuevas
violaciones a los Derechos Humanos. En colaboración permanente con las
organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales.
Es necesario difundir a través de
los medios masivos de comunicación el contenido de los instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos, así como las recomendaciones
que los organismos internacionales hacen a nuestro país por su incumplimiento.
Se requieren campañas de difusión
masiva, sobre el respeto a los derechos de los grupos vulnerables y sobre la
equidad de género. Suprimir estereotipos denigrantes de la mujer en telenovelas
y en anuncios publicitarios.
En el marco
del decenio para la enseñanza de los derechos humanos de la ONU, reiteramos
nuestra propuesta para la creación de Centros de enseñanza y difusión de los
derechos humanos con equidad de género, tanto a nivel federal, como estatal.
Museos de la Mujer; donde además de hacerse una revisión histórica con enfoque
de género, se organicen talleres y foros para generar una nueva cultura para el
respeto de la persona humana.
Concebidos como centros culturales
de promoción de derechos humanos, en
dichos museos se realizarían actividades de docencia, difusión e investigación
para generar una nueva cultura de respeto a nuestros derechos. Un pueblo llega
tan lejos como su educación se lo permite.
Debe
penalizarse la violencia intrafamiliar en todos los estados de la República;
así como de la violación entre cónyuges. Es inaceptable que el delito de
violación pueda ser encubierto por medio del matrimonio con la víctima.
Debe haber refugios para las
mujeres y niños que sufren violencia intrafamiliar en cada municipio del país,
para superar esta patología social, origen y causa de farmacodependencia,
delincuencia y niños de la calle.
VIII. Mujer y trabajo
Debe pugnarse porque se cumpla la legislación
vigente, ya que no se respetan principios básicos como el de salario igual a
trabajo igual. Tanto en los trabajos menos remunerados como en los niveles
gerenciales, los salarios son inferiores para las
mujeres.
El trabajo de la mujer en casa sigue sin
reconocerse, tanto el de la madre – esposa, como el de las trabajadoras
domésticas. De igual forma, el trabajo remunerado de las mujeres debe dejarse
de considerar como complementario y dársele su justo valor como aportación al
patrimonio familiar.
Debe cesar la
doble jornada de la población femenina con la incorporación del hombre al
trabajo doméstico, así como la mujer se ha incorporado a todos los renglones de
la vida productiva.
Debe darse
arraigo domiciliario a aquellas mujeres que están embarazadas y proveer de
servicios médicos adecuados a los reclusorios donde existe población infantil,
ya que de otra forma, están dándose penas trascendentes a los hijos de las
reclusas.
El trinomio Civilización, Derechos Humanos y Democracia
es indivisible. Es la condición esencial para la paz de los individuos y de los
pueblos, así como para la comunidad internacional. La enseñanza de los Derechos
Humanos y una política humanista son indispensables para generar la cultura
para la paz que necesitamos para erradicar la violencia.
Hace apenas
cincuenta años que los derechos políticos de las mujeres en México fueron
reconocidos, cuando en otros países del mundo estos se reconocieron, medio
siglo antes.[6]
Para entender
el por qué de este retraso se requiere estudiar el proceso que sufrió la lucha
de las mujeres por sus derechos políticos. Ya que habiendo habido voces, como
las de las zacatecanas que desde 1824 exigían ser ciudadanas, sus reclamos no
fueron oídos. A pesar de haber habido un congreso feminista en 1916, donde Hermila Galindo clamó por los derechos de las mujeres, su
demanda no se incorporó en la Constitución.
Las yucatecas
ejercieron sus derechos políticos efímeramente al triunfo de la Revolución.
Lázaro Cárdenas propuso una reforma constitucional que finalmente él mismo
detuvo. Las organizaciones feministas fueron coptadas
por el partido hegemónico y fue hasta 1947 que se reconoció el voto en el nivel
municipal, pero en el Federal los derechos de más de la mitad de la población
se reconocieron hasta 1953.
Fue después de que en diciembre de 1952 se firmó en
Naciones Unidas la convención para que todos los estados miembros reconocieran
los derechos políticos de su población femenina, que ante la presión
internacional y para contender con las luchas políticas internas contra el Henriquismo, se reconoció el derecho al voto de las mujeres
en México, condición sine qua non
para que exista una democracia.
El que la Convención de Naciones Unidas sobre los
derechos políticos de las mujeres haya influido para que se les reconociera en
México, nos alienta para trabajar en pro del cumplimiento de los instrumentos
internacionales.
En ese sentido deben darse a conocer las
recomendaciones que la ONU acaba de hacer en agosto pasado al gobierno de
México, que en comparación con las del periodo anterior, solamente disminuyeron
de 31 a 27, lo cual nos muestra lo mucho que falta por hacer.
Contamos hoy con un Instituto Nacional de las
Mujeres, así como con 22 institutos estatales, pero todavía existen 9 entidades
que tienen una oficina de menor jerarquía que los Institutos para impulsar las
políticas públicas afirmativas para la población femenina y el estado de Nayarit no cuenta con ninguno.
Cabe destacar
que también en este rubro, México también ha ido a la zaga de los países de la
región, donde fue de los últimos en contar con una organización gubernamental
para mejorar la situación de sus mujeres. La Oficina Nacional de la Mujer (ONAM) en Guatemala se creó desde 1981[7]
y la Secretaría de la Mujer (SM) de Paraguay en 1989, para sólo mencionar
dos ejemplos.
Se requiere que estos Institutos sean instituciones
eficientes, para abatir el rezago que existe en la materia. Es imperativo
también, trabajar en el nivel municipal.
La condición
de las mujeres incumbe a toda la sociedad y por ello debe pugnarse por que
existan políticas de estado para modificar su marginación. El caso de los
asesinatos de mujeres en ciudad Juárez es motivo de vergüenza nacional,
exigimos que haya voluntad política para que la Procuraduría General de la
República atraiga el caso y se logren detener estos crímenes de lesa humanidad.
Nos congratulamos de que
haya una comisión permanente de equidad y género a nivel federal, ello ayudará
a conciliar la tensión permanente que existe entre la razón de estado y los
derechos humanos. Pero estamos conscientes de que en la historia nada es para
siempre, por lo que la lucha de la defensa de los derechos humanos debe ser el
plebiscito de todos los días, para que la revolución más grande del siglo XX, que ha sido la revolución de las mujeres, sea
irreversible. El feminismo subsistirá mientras exista el machismo.
En el proceso
de globalización que vivimos, se avanza más rápidamente que nunca, hacia el fin
último de la historia que es la unificación del género humano. Sin embargo,
paradójicamente, las asimetrías entre pueblos e individuos se han agigantado.
Aumenta la población del mundo en pobreza extrema; subsiste el analfabetismo.[8]
Reaparecen diversas formas de esclavitud, como el tráfico de seres humanos; los
horrores de las guerras se repiten y la violencia intrafamiliar sigue causando
la muerte de mujeres golpeadas, y que miles de niños prefieran vivir en la
calle y refugiarse en la farmacodependencia, que
vivir en el seno familiar, que es donde la persona humana debía tener la mayor
seguridad.
La tensión
entre el poder del Estado y los derechos de los miembros de su comunidad puede
resolverse mediante un sistema democrático; el mediador parlamentario, y la
defensoría de los derechos del pueblo. Pero toda legislación es letra muerta
sin una política cultural que genere una mentalidad de respeto a los derechos de
todos, donde impere la equidad.
Así como
Carlos Fourier, en el siglo XVIII,
consideró que la mejor forma de medir el grado de civilización de un hombre es
la relación que guarda con su pareja, el termómetro para medir el grado de
civilización de un pueblo es el respeto que guarda a los derechos de los
miembros de su comunidad, en particular a sus mujeres y a su infancia.
La paz, entendida como la realización de los
valores universales de libertad y equidad, como el respeto a los Derechos
Humanos, es condición indispensable para lograr el bienestar y la felicidad
individual y colectiva.
Norberto Bobbio[9]
señala que para alcanzar la paz es necesario desarrollar una nueva filosofía de
la no – violencia, que sustituya a la belicista que ha animado hasta ahora a la
filosofía política a través de la historia.
En la
filosofía de la paz se da el equilibrio entre la libertad individual y la
justicia colectiva, mediante el respeto a los derechos de todos los miembros de
una comunidad. Por ello el tema central del nuevo siglo es la defensa de los
derechos de la persona humana, única forma de vivir en paz.
Es mucho lo
que nos falta por hacer para lograr una sociedad con equidad de género.
Trabajar en la defensa de nuestros derechos es trabajar por la dignidad humana.
** Historiadora, Presidenta Fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias, A.C.
[1] Fix–Zamudio, Héctor y Salvador Valencia Carmona. Derecho constitucional mexicano y comparado, México, Porrúa, 1999, pp. 479–514.
[2] González Galvéz, Sergio, México y la Corte Penal Internacional, 50 aniversario, p. 45.
[3] Fix Zamudio, Héctor y Valencia, Salvador, El Ombudsman en el mundo, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1999.
[4] Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Venezuela, Perú y Nicaragua.
[5] La OIT cuenta hoy con 177 miembros, representantes de gobiernos, empresas y trabajadores.
[6] Desde finales del siglo XIX o principios del siglo XX, por ejemplo Nueva Zelanda en 1898.
[7]
Galeana, Patricia (coord.), Informe de
las Instituciones Gubernamentales Dedicadas a la Mujer, México, UNAM–FEMU, 1996,
p. 41. Gracias a la iniciativa de FEMU ante el entonces gobernador José
Francisco Ruiz Masseiu, se creó la oficina de la Secretaría de la Mujer en
Guerrero, en diciembre de 1988. Op. cit., p.
55
[8] Galeana, Patricia (coord.), Paradojas de un Mundo en Transición, Instituto “Matías Romero” de Estudios Diplomáticos, S.R.E., México, 1993, 275 pp.
[9] Norberto Bobbio et al, Diccionario de Política, Siglo XXI, México 1986, 4a ed. en español p. 1195 y ss.